Posible conflicto internacional por el oro de Crucitas
El gobierno de Nicaragua rechazó la posibilidad de que la empresa Industrias Infinito S.A, dedicada a la minería a cielo abierto, se instale en el sector de Crucitas, en San Carlos (Costa Rica), a solo tres kilómetros del cauce del río San Juan. Arturo Harding, ministro nicaragüense del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), dijo que Costa Rica debe recordar que la cuenca del río San Juan es binacional (responsabilidad de ambos países), por lo que Nicaragua “no puede ni va a permitir ninguna explotación minera que dañe los recursos naturales; confiamos en que el gobierno tico no va a autorizar ese tipo de actividad, porque es dañina. Son actividades peligrosas en zonas frágiles. Sería irresponsable autorizar esa explotación”, aseguró el funcionario. Anunció además que el nicaragüense Juan José Romero, director del Proyecto Procuenca del río San Juan, llegará a Costa Rica para evaluar el proyecto.
Por Álvaro SÁNCHEZ CÓRDOBA
Periódico Al Día, Costa Rica
Actualmente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) analiza el estudio de impacto ambiental presentado por Industrias Infinito S.A. Precisamente, el sábado 31 de julio próximo se efectuará una audiencia pública en Coopevega de Cutris, San Carlos, para conocer la posición de los vecinos con respecto al proyecto.
Indefensos
Ante esa situación, el gobierno de Costa Rica asegura que está indefenso, según fuentes del MINAE, pues la concesión entregada a la empresa fue otorgada por la jerarca de esa institución de la administración anterior, Elizabeth Odio.
“Recemos para que todo salga bien”, dijo el presidente Abel Pacheco a este medio, hace tres semanas, cuando visitó la zona de San Carlos.
Mientras tanto, Rodríguez reconoció a El Nuevo Diario de Nicaragua el daño ecológico que produce la actividad. Sin embargo, fue enfático al asegurar que la concesión a la empresa fue entregada durante el Gobierno anterior y que no se puede rescindir el contrato, pues el Estado tendría que pagar una indemnización millonaria.
“El Gobierno costarricense tiene una posición muy clara en contra de la minería a cielo abierto. Bajo esa premisa, no la promovemos ni la apoyamos de ninguna manera. Desgraciadamente, el decreto firmado por este Gobierno en 2002 en contra de la minería a cielo abierto, no cubre a los dos proyectos que ya tienen un contrato que los respalde”, dijo Rodríguez. Marco Tulio Araya, encargado de comunicación del Frente Norte de Oposición a la Minería en Costa Rica, refiere en un informe que el MINAE otorgó la concesión de explotación el 17 de diciembre de 2001, en absoluta clandestinidad, pero fue a través de su publicación en La Gaceta costarricense del 30 de enero, dos días antes de las elecciones en ese país, que se enteraron.
En Costa Rica hay otro proyecto minero en el cerro Bellavista de Miramar, en Puntarenas, que arrancaría en enero la explotación y está a cargo de la empresa Ríos Minerales.
Ayer se intentó conocer la opinión de la empresa Industrias Infinito S.A. pero su gerente, Jesús Carvajal, aseguró que no referirían a eso.
¿San Juan en peligro?
Los nicaragüenses insisten en que el río San Juan debe ser protegido con las leyes de protección, como la de Sitio Ramsar, reserva SÍ A PAZ, Corredor Biológico del Atlántico, Corredor Mesoamericano y Reserva Indio Maíz.
Los nicaragüenses consideran que dar en concesión la explotación minera es un error y causaría un conflicto entre ambos países, en caso de que se demuestre la contaminación del río San Juan o de otros sitios protegidos.
En Nicaragua, una empresa intentó obtener una concesión de exploración y explotación sobre el Cerro Bolívar, en la Gran Reserva Biológica Indio Maíz, pues la mayor riqueza de oro en la veta fronteriza se ubica en esa área, correspondiendo a ese país casi el 80 por ciento, y el restante a Costa Rica. Pero la solicitud fue rechazada por tratarse de un área protegida, adujeron los nicaragüenses.
El estudio de impacto ambiental presentado por Industrias Infinito S.A. a SETENA indica que para la extracción de oro y otros materiales se hará mediante el proceso de lixiviación de cianuro en tanques. Según ese proceso, se utilizarían unos mil kilos diarios (una tonelada) de cianuro, el cual se apilaría en seis tanques por ocho años.
Esa situación preocupa a quienes se oponen al proyecto, pues hay estudios de geólogos que indican que no hay garantía de que no se pueda derramar o infiltrar el cianuro hacia aguas subterráneas, las cuales podrían llegar al río Infiernillo que es afluente del San Juan.
Se trata de un estudio hecho por los geólogos Sergio Arce y Allan Astorga, este último profesor de Geología Ambiental y consultor de la Secretaría Técnica Ambiental.
En ese informe, dado a conocer en el 2002, el especialista establece que no hay seguridad de que por una falla en el terreno, un sismo, o incluso por las fuertes lluvias que caen en la zona, se produzca un problema con las pilas de cianuro que lleven este producto hasta el río más cercano.
“Esto ya se convierte en un problema binacional, pues estamos hablando del río San Juan donde convergen gran cantidad de especies, entre ellos, los conocidos tiburones de agua dulce”, manifestó Marco Tulio Araya.
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