Guatemala ¿un país minero?

Guatemala se está convirtiendo en un país de explotación minera de recursos metálicos. Una legislación creada durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), abrió las compuertas para que transnacionales incursionaran en el campo de la minería. Ante el auge, organizaciones ambientalistas presionan para que se modifique el marco legal que favorece a las empresas. Piden también que se detengan los proyectos que consideran causarán daños irreversibles. La mayoría de personas que participó en una encuesta efectuada por la empresa Vox Latina, en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, considera que la explotación minera no traerá beneficios, sino que provocará daños ambientales. Sólo el 4.5 apoya esa actividad. La Red de Instituciones y Organizaciones Mayas manifestó su enérgico rechazo a los proyectos de minería a cielo abierto, y denuncia intimidaciones a campesinos.

Notas de elPeriódico y Prensa Libre

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En los registros del Ministerio de Energía y Minas, existen 97 solicitudes de exploración de metálicos, que incluyen oro, plata, níquel, cromo, plomo y zinc. A éstas se suman 114 que están en su primera fase de "reconocimiento".

Según el director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, la legislación tampoco resarce al Estado con las utilidades que genera la explotación minera. Sólo el 1 por ciento de las regalías le corresponden al país, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Minería (Decreto 48-97).

De todas las licencias mineras, la que comienza a crear polémica es la que se concedió para explotar la mina "Marlin I", ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán y en menor extensión en los municipios de Sipacapa y Comitancillo, San Marcos.

Ésta fue otorgada en 1996, durante el gobierno de Arzú. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo, fue aprobada su explotación a favor de la compañía Montana Exploradora de Guatemala, S.A., subsidiaria de la transnacional Glamis Gold.

La empresa, una minera aurífera canadiense con sede en Vancouver, proyecta extraer 2.2 millones de onzas de oro y 34 millones de onzas de plata en diez años, según sus propias estimaciones.

LAS DEBILIDADES DE LA LEY

La Ley de Minería es débil frente a los intereses de las compañías transnacionales, según un estudio de Calas. Algunas de las razones son las siguientes:

1. Mientras la Ley de Protección al Ambiente (68-86), define como obligatorios los estudios de evaluación de impacto ambiental para extender una licencia de aprovechamiento minero, la Ley de Minería (48-97) deja a discreción de la Dirección General de Minería extenderla, aun sin los estudios aprobados.

2. La autoridad ambiental deja la posibilidad a la empresa para que por medio de técnicos contratados por ésta, rinda sus propios informes sobre los controles a daños que puedan ocasionar.

3. La Ley de Minería vigente no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y consulta a las poblaciones afectadas en materia de las actividades mineras, lo que contradice la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Convenio 169 de la OIT. En ambos casos se requiere que las poblaciones afectadas sean informadas y otorguen su consentimiento a través de un mecanismo de consulta de buena fe.

4. La Ley de Minería contempla que la regalía minera se paga únicamente por los minerales metálicos declarados, no así por las denominadas tierras ácidas o raras (que incluyen oro, plata, otros metales y tierras inertes, cuando todavía
no son separados).

5. El monto de las regalías no es negocio para el país, porque sólo le corresponde el 0.5 por ciento al municipio y el 0.5 por ciento al Estado, pero en ninguno de los dos casos se garantiza que dichos recursos se reinviertan en desarrollo rural, mitigación y protección ambiental.

ASÍ CONVIRTIERON A GUATEMALA EN PAÍS MINERO

La expansión minera en Guatemala tiene un origen sospechoso, según Melini. "El marco regulatorio, el Decreto 48-97, surge en 1997 al tenor de una ola de desarrollo de legislación minera en Centroamérica con financiamientos dudosos provenientes de Canadá".

Esto dio como consecuencia "que en Guatemala tengamos una legislación minera débil", lo cual atrajo a las compañías mine ras transnacionales, lamenta Melini.

Resume que dicha debilidad se presenta "en los temas de estudios de impacto ambiental, participación ciudadana, derechos de los pueblos indígenas y en la parte de regalías mineras". Recordó que esta ley se aprobó sin mayor discusión, y que "cuando algunos grupos de ciudadanos y sectores opinamos sobre temas como las debilidades en los controles ambientales, no se nos escuchó".

"Procesos similares ocurrieron en otros países de Centroamérica, lo que significa que hubo algún tipo de lineamiento de algún interés foráneo por tener legislaciones blandas en la región", dijo.

Melini no sugiere a los posibles responsables, pero de acuerdo con los expedientes de la Dirección Legislativa del Congreso de Guatemala, esta ley fue propuesta por el diputado Arturo de la Cruz, general retirado, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que por entonces era el partido oficial.

Posteriormente, fue aprobada el 11 de junio de 1997 durante el período legislativo presidido por su correligionaria Arabella Castro y publicada en el Diario de Centroamérica el 17 de julio de 1997, tras ser sancionada por el entonces presidente, Álvaro Arzú. La iniciativa apenas tuvo un trámite de siete meses en la Comisión de Energía y Minas.

El tema de la aprobación de esta ley resultaba de interés directo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo de Leonel López Rodas, quien luego retornó al Congreso como presidente en 1999, el último año del período legislativo del PAN. El diputado y general retirado De la Cruz ocupó en el mismo período el cargo de primer secretario, una especie de representante legal del Congreso. López Rodas no respondió a llamados telefónicos a su casa y oficina.

El gerente general de Montana, Milton Saravia, confirma que la legislación "la creó el gobierno de Álvaro Arzú" con el fin de "incentivar y promover la inversión extranjera".

"Fue el propio gobierno, en 1996, quien invitó a la transnacional, por lo que respondimos atendiendo al llamdo y se vino a explorar", justificó. Como resultado del trabajo de exploración, que duró siete años, dos guatemaltecos encontraron la mina "Marlin I", indicó Saravia.

Batalla contra debilidad de la ley

1. Melini proyecta llegar a la Corte de Constitucionalidad mediante un amparo contra la licencia para explotar la mina "Marlin I". Sin embargo, por ahora, se limita a cumplir con una "petición" ante el MEM, para que la licencia se anule, aduciendo que "en el momento en que se otorgó, el procedimiento no cumplía con todos los requisitos que los reglamentos de estudio de impacto ambiental, que son regulados por los manuales operativos que la Ley de Minería, exigen previo a la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Según Melini, hasta la fecha no han sido emitidos ni aprobados por el MEM.

2. Una segunda acción administrativa también reclama la nulidad de la licencia, alegando que no se respetó el Convenio 169 de la OIT, ya que no se consultó a los indígenas sobre la explotación minera. En tanto, Milton Saravia, de Montana, afirma que el proyecto fue dado a conocer por medio de publicaciones en español y dos idiomas de la región.

3. Mientas tanto, la comisión legislativa de Medio Ambiente dictaminó a favor de una iniciativa propia que persigue reformar la Ley de Minería, ampliando el margen de regalías para el país, de un 1 a un 10 por ciento.

4. La aprobación de estas reformas tomará varios meses. Alfredo Cojtí, presidente de la Comisión de Energía y Minas, pedirá revisar la ponencia antes de que sea sometida a la discusión plenaria. Esto tomará otros dos meses y abrirá nuevos procesos de debate legislativo, con lo que la aprobación de la iniciativa se irá retardando.

De acuerdo con Milton Saravia, gerente general de Montana, las operaciones comenzarán en enero de 2006.

"¿Dónde está el negocio?"

En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, la edificación de la planta industrial sigue su marcha. El volumen del oro y plata que se contempla extraer, de acuerdo a las estimaciones de la empresa, representa un valor de US$1,183 millones, a razón de US$424.80 la onza troy de oro y US$7.31 la onza de plata, según la cotización en Nueva York al día de hoy.

Esta suma es equivalente a una tercera parte de la deuda externa de Guatemala (US$3,500 millones). Mientras tanto, los dividendos que Guatemala obtendrá por la extracción de esa riqueza de su suelo ascienden a US$10.1 millones (1 por ciento).

El director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, se opone al negocio y advierte que ese monto de beneficios no guarda relación con el impacto ambiental que tendrá el proceso de extracción del metal precioso (cambio de uso del suelo, pérdida de bosque y de la diversidad biológica, agotamiento y contaminación del agua por uso del cianuro, etcétera).

Melini sostiene que "el negocio (para la compañía) está en que el potencial de la licencia (25 años de explotación) es de 5 millones de onzas troy", aunque la licencia otorgada inicialmente indica que son 2 millones de onzas.

Ministerio defiende ventajas

- En cuanto al tema de los escasos beneficios, como el 1 por ciento de las ganancias que arrojará la explotación minera, el director de Minería del MEM, Jorge García, no lo ve desfavorable para Guatemala. Explica que esta actividad genera otros beneficios a través de los impuestos que pagan las compañías mineras. En el caso de "Marlin I", estima que ascenderán a unos Q300 millones en diez años de operaciones, a razón de Q30 millones anuales.

- Parte de estos recursos provendrán del 31 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que la compañía Montana reporte. Como garantía de una justa asignación, García afirma que, tanto el MEM como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ejercerán controles estrictos para evitar que la empresa declare beneficios inferiores.

- Melini no confía en estas promesas y observa una contradicción oficial. "Es contradictorio que el Presidente salga defendiendo el proceso de desarrollo de la industria minera y le dé Q26 millones este año al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales", un monto que considera insuficiente.

- "¿Cómo va a poder cumplir un control ambiental un organismo que tiene que ser fuerte y coercitivo, si no tiene presupuesto?", se pregunta.

Explotación de la riqueza natural

Glamis Gold al igual que la mayoría de mineras, son de procedencia canadiense-estadounidense, según un informe del Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

México
Glamis Gold, invierte U$100 millones en la mina El Sauzal-Chihuahua para explotar 18.5 millones de onzas de oro.

Guatemala
Licencia para 25 años, exploradora Montana, susidiaria de Glamis Gold, iniciará en 2005 a explotar la mina de oro en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, con los mismos ofrecimientos de otros países.

Estados Unidos
Demanda por U$50 millones Glamis Gold Ltd. Demandó al gobierno de EEUU por U$50 millones por haberle sido denegada la licencia para operar el Proyecto Minero Imperial, durante el gobierno de Bill Clinton.

Honduras
Minas de San Martín: Glamis Gold obtuvo en 2001 114 mil 215 onzas de oro, o sea que exportó más de U$31 millones, pero con el precio ecológico de la destrucción de bosques y contaminación de aguas.

1% de regalías, es lo que obtiene el Estado, en Guatemala, por la explotación minera. Compañías canadienses han obtenido licencias de exploración y explotación a partir de 1997.

12% de regalías, es lo que obtiene el Estado de Canadá por la explotación minera. Además pagan derechos de uso de suelo a las comunidades que aceptan que su territorio sea utilizado para esa actividad.

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Rechazan actividad minera en San Marcos
PRENSA LIBRE - Guatemala, jueves 04 de noviembre de 2004
Habitantes de dos municipios señalan que explotación causará daños al medio ambiente
Por Alberto Ramírez

Rechazo generalizado a la extracción de oro expresaron los vecinos cercanos al proyecto minero en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.

La mayoría de personas que participó en una encuesta efectuada por la empresa Vox Latina, en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, considera que la explotación minera no traerá beneficios, sino que provocará daños ambientales.

El 95.5 por ciento de los encuestados coincidió en su desacuerdo con el proyecto minero en esos municipios marquenses, el cual se encuentra en su fase de instalación y el año próximo podría empezar a extraer oro. Sólo el 4.5 apoya esa actividad.

Ese rechazo a la minería lo expresó el 96 por ciento de hombres, el 94 ciento de mujeres, el 95 por ciento de indígenas y el 96 por ciento de ladinos.

Pese a que las autoridades de Gobierno insisten en afirmar que habrá beneficios para las comunidades, los pobladores tienen una visión distinta.

Por igual, el 85.75 por ciento consideró que la extracción de oro provocará destrucción en sus municipios, mientras el 8.75 estimó que esa actividad creará riqueza.

El 83.5 por ciento de los encuestados estima que la actividad minera afectará negativamente a su municipio, mientras el 11.5 opinó que habrá beneficios para la comunidad.

El 95.5 por ciento consideró que los dueños de la empresa minera serán quienes ganen con ese negocio; sólo el 2.75 cree que la población obtendrá algunos dividendos con esa actividad.

Sobre si sabían que el gobierno anterior otorgó la concesión para extraer oro en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, el 62 por ciento dijo estar enterado, pero el 37.75 por ciento afirmó lo contrario.

La población tampoco cree que el Ejecutivo esté pendiente de controlar la actividad minera, pues el 84 por ciento estimó que al Gobierno no le preocupa que la extracción del mineral dañe la salud de la población o los recursos naturales y sólo el 10.5 consideró que sí le preocupa.

Interés por el ambiente

La preocupación por la preservación de los recursos naturales es latente, pues el 81.75 por ciento de la muestra dijo importarle más la protección del ambiente. Mientras tanto, el 11.75 por ciento expresó que es más importante el desarrollo de la economía de su municipio.

Además, el 54.75 por ciento respondió que no hay suficiente agua en esos municipios y el 45.25 opinó que hay bastante.

La visión de los pobladores es compartida con grupos ambientalistas, como MadreSelva y el Centro de Acción Legal Ambiental, los cuales han señalado a la actividad minera como responsable de causar un impacto visual en las montañas al degradarlas y el riesgo de contaminar fuentes hídricas al utilizar cianuro en la separación del oro de otros metales.

Síntesis: Ficha técnica

Con el título “El impacto de la minería en dos municipios de San Marcos”, la empresa Vox latina efectuó el estudio de opinión en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

Para el sondeo se efectuaron 400 entrevistas a personas mayores de edad.

Las entrevistas fueron en forma directa, cara a cara, con los vecinos.

Todos eran vecinos de las aldeas cercanas al proyecto minero Marlín, ubicado en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

El trabajo de campo se efectuó entre el 13 y el 17 de octubre del 2004.

Para la muestra se eligieron hombre y mujeres, indígenas y ladinos.

La encuesta tiene una confiabilidad del 95 por ciento.

Credibilidad: Confían más en la Iglesia

Los vecinos tienen más confianza en la Iglesia Católica de San Marcos que en el Gobierno, al considerar que los obispos está mejor informados sobre los efectos de la minería de oro que el propio presidente Óscar Berger.

El 73.50 por ciento de los pobladores de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa que participaron en el estudio opinaron que la Iglesia sabe más de los peligros de esa actividad que el Gobierno.

Sólo el 13.75 expresó que Berger está bien informado y 12.75 por ciento prefirió no participar.

Hace un mes, la Conferencia Episcopal pidió a Berger revisar la concesión otorgada al proyecto Marlín en San Marcos ante el temor de posibles daños ambientales.

El mandatario respondió en esa ocasión que la Iglesia estaba mal informada sobre el tema, lo cual creó un punto de fricción con el Arzobispo Metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada Toruño. Luego, Berger se vio obligado a limar asperezas.

También el 79.29 por ciento considera que la Iglesia Católica de San Marcos conoce mejor que el Gobierno las necesidades y problemas de los habitantes de esas comunidades. Mientras, 11.5 por ciento consideró que el Ejecutivo está al tanto de esos temas.

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Mineros intimidan: con la finalidad de la exploración también ofrecen dinero
PRENSA LIBRE - Santa Cruz del Quiché. (Por Óscar Toledo). -- Enérgico rechazo a los proyectos de minería a cielo abierto manifestaron ayer los miembros de la Red de Instituciones y Organizaciones Mayas.

Se conoció que mineros intimidan a campesinos. El anuncio fue efectuado durante un taller, donde participaron más de 200 líderes comunitarios en el que se explicaron las ventajas y desventajas de esa práctica.

“Nos enterarnos que varias empresas mineras han iniciado fases de exploración en varias comunidades de este departamento con la autorización del Ministerio de Energía y Minas”, mencionó Juan Tipaz, subcoordinador de la Red.

Abandono de tierras

“En algunas comunidades los mineros han intimidado para que abandonemos las tierras. También han ofrecido proyectos o cantidades miserables de dinero para explorar en busca de minerales como oro, plata, zinc, y otros. Es un abuso a la ignorancia de los pobres”, concluyó.

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