El asalto a Imataca

El ingeniero forestal y asesor de la Secretaría de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Julio César Centeno, advierte que el nuevo plan de ordenamiento "satisface las aspiraciones de las empresas transnacionales del oro y de las empresas madereras que han devastado todos los bosques de Venezuela en los últimos 40 años". Todavía retumba en los oídos del experto forestal el discurso del presidente Chávez durante la campaña presidencial del 99, en el que señalaba "nuestra tesis es que la explotación de los recursos no puede atentar contra la vida futura... si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con el bosque"... sin embargo, esas palabras fueron lanzadas al vacío y hoy, igual que en 1997, la amenaza se cierne sobre una de nuestras principales reservas forestales. El especialista es enfático: "los intereses de las multinacionales del oro pulverizaron las promesas del presidente Chávez", pues el decreto 3.110 (igual que el Decreto 1.850) abre la posibilidad de extraer oro en un área protegida bajo la figura de Reserva Forestal.

Por Ivonne M. Rincón Moreno
Correo del Caroni - Ciudad Guayana, Venezuela- Enero de 2004

En un documento redactado por el especialista y publicado en el sitio web de Vitalis, advierte que este decreto del Ejecutivo nacional, conllevará a la destrucción de ancestrales selvas, contaminación de los ríos con cianuro, inestabilidad ecológica, degradación de comunidades indígenas, pobreza y desolación de una tierra que es legado de generaciones futuras en esta extensa porción del país.

Centeno afirma que desde la década de los años 60 - cuando se inició la explotación de nuestros bosques - ha quedado en evidencia la "incapacidad del Estado venezolano para ordenar y controlar la actividad maderera. La corrupción, la avaricia y la irresponsabilidad permitieron que estos bosques fueran sistemáticamente saqueados para enriquecer a una minoría".

Acotó que hoy en día "no queda ninguna de las empresas concesionarias que durante 40 años se enriquecieron a expensas de las riquezas naturales de todos los venezolanos y dejaron a su paso bosques destruidos, ríos desaparecidos, aguas contaminadas, erosión del patrimonio genético de la nación, pobreza y degradación social. Todo bajo el auspicio cómplice del Ministerio del Ambiente y demás autoridades gubernamentales de turno".

El agotamiento de las reservas forestales del centro y del occidente del país, hizo que los inversionistas de la madera miraran con sumo interés la Reserva Forestal de Imataca y el Caura, donde quedan nuestros últimos bosques vírgenes.

Siempre Imataca

Imataca fue decretada como Reserva Forestal en 1963, pero no fue sino hasta los años 80 cuando se entregó más de la mitad de su superficie en 12 concesiones forestales, a pesar de que para ese momento no se contaba con un plan de ordenamiento como lo establecía la legislación vigente.

"El interés por las concesiones forestales en Imataca se vio enturbiado por la evidencia de gigantescos depósitos de oro en ese territorio y el descomunal aumento de su precio, el cual se cuadruplicó entre 1975 y 1980, año en que alcanzó su máximo histórico de 614 dólares la onza y los concesionarios madereros pretendían reclamar derechos prioritarios sobre los recursos minerales en sus respectivas áreas de concesión", señala el informe.

Centeno explicó detalladamente que "la mayor parte de los concesionarios iniciales de Imataca abandonaron la zona debido principalmente a la falta de infraestructura vial y eléctrica, la amplia variedad de especies de árboles poco conocidas, la lejanía de los mercados y dificultades con la mano de obra indígena. Un factor adicional fue el colapso en el precio del oro, el cual perdió la mitad de su valor entre 1980 y 1985".

La reserva hoy

Según la investigación que ha llevado adelante el ingeniero forestal, actualmente están operativas en Imataca 4 empresas madereras con un total de 760.000 hectáreas, es decir, el 20% de la reserva. "El deficiente control y la corrupción que ha caracterizado al Servicio Forestal Venezolano durante décadas ha facilitado una actitud depredadora que ha causado serios daños en la mayor parte de las áreas explotadas".

El director ejecutivo del Instituto Forestal Latino Americano, explicó que "en Imataca se repite el patrón de explotación forestal que ha devastado la mayor parte de las reservas forestales entregadas en concesión en el resto del país. Los bosques se explotan como si fuesen minas, destruyendo progresivamente las especies más valiosas, degradando los ecosistemas naturales y erosionando la sustentabilidad de la actividad industrial. De continuar las políticas y prácticas vigentes, la actividad maderera tiende a garantizar la destrucción de la mayor parte de Imataca en los próximos 20 años".

"Cuando el precio del oro repuntó entre 1985 y 1987, la CVG creó Tecmin, que para el año 90 proyectaba para el 2000 que Venezuela produciría 150 toneladas de oro por año y avizoraba que 'con la apertura minera se puede lograr un desarrollo similar al del petróleo'. Han transcurrido 14 años desde entonces, la producción de oro es menos del 5% de lo proyectado por Tecmin y la minería continúa representando menos del 1% del PIB del país".

Del 1.850 al 3.110

El experto explica en el documento que a través del Decreto Presidencial 1.850 de la administración Caldera se legitimaba la explotación minera en cerca del 40% de la Reserva Forestal de Imataca, en áreas parcialmente superpuestas a concesiones forestales.

El Decreto 1.850 generó inmediata resistencia en diversos círculos políticos, académicos, científicos y ambientalistas, así como entre organizaciones civiles y comunidades indígenas.

"La Comisión de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados del antiguo Congreso Nacional, el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela, grupos ambientalistas y comunidades indígenas solicitaron la nulidad del decreto 1850 ante la antigua Corte Suprema de Justicia. En agosto de 1997 el máximo tribunal admitió el recurso de nulidad y estableció una moratoria sobre la actividad minera y la entrega de nuevas concesiones en dicho territorio".

En aquel entonces, Hugo Chávez estaba en campaña electoral y se ganó la confianza de académicos, investigadores, grupos ambientalistas y comunidades indígenas al presentarse como defensor del ambiente y de los derechos indígenas. Prometió derogar el decreto presidencial 1850 si alcanzaba la Presidencia de la República.

En una oportunidad, ante la pregunta de qué hacer en el caso de Imataca respondió: "nuestra tesis es que la explotación de los recursos no puede atentar contra la vida futura... Si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con el bosque".

En junio de 1997, durante el acalorado debate sobre el decreto 1.850, el actual vicepresidente ejecutivo de la República, José Vicente Rangel, declaraba: "¿quién pagará el ecocidio de Imataca?... las transnacionales mineras suelen depredar, no en sus países de origen donde existe Estado y disposiciones legales rigurosas, sino en países atrasados... la presencia de miles de pequeños mineros arrasando la Reserva Forestal Imataca confirma la falta de Estado y de autoridad... los defensores del medio ambiente que impugnan el decreto no son dinosaurios. Es gente a la que hay que escuchar y eso no se ha hecho".

Reseña Centeno que ese mismo año, la actual ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, le colocó una calcomanía a su carro denunciando la minería transnacional en Imataca. En el año 2000, ya en su cargo de ministra, declaraba: "la biodiversidad y las fuentes de agua son más importantes que el oro y los diamantes".

Otra amenaza

Nadie se imaginaba que el mismo Hugo Chávez, en el ejercicio de la presidencia, promulgaría otro decreto, el 3.110, aprobado en Consejo de Ministros el 7 de Septiembre del 2004 y publicado en la Gaceta Oficial el 22 de septiembre 2004, ratificando las decisiones tomadas por su antecesor Rafael Caldera, con la finalidad de impulsar la explotación industrial de oro, diamantes y madera en Imataca.

Este decreto fue aprobado en medio de una gran turbulencia política, 3 semanas después del Referendo Revocatorio Presidencial del 15 de agosto 2004 y en el más absoluto silencio.

"El decreto 1.850 nunca fue derogado, como prometiese en sus tiempos de candidato el actual mandatario nacional y en su lugar, promulgó en el sexto año de su mandato, un nuevo decreto consolidando los derechos de las concesionarias de oro, diamantes y madera en el frágil territorio de Imataca. El Decreto destina 12% de la superficie para la actividad mixta minera y forestal, es decir, 451 mil hectáreas; y 60% adicional para la explotación maderera, es decir, 2,25 millones de hectáreas".

"Con este decreto se legaliza el asalto a los recursos naturales de Imataca. Quedan satisfechas las aspiraciones de las empresas transnacionales del oro y de las empresas madereras que han devastado, sin excepción, todos los bosques que han recibido en concesiones forestales en los últimos 40 años en Venezuela".

Centeno recalcó en el informe que "el 12% de Imataca formalmente expuesto a la explotación minera corresponde a la superficie previamente comprometida con las empresas favorecidas con concesiones y contratos mineros para la fecha de la promulgación del decreto 1.850".

Naturalmente insostenible

A pesar de los esfuerzos que se hagan por controlar o reglamentar la minería, esta actividad es por definición insostenible y totalmente incompatible con los propósitos y objetivos de las reservas forestales y otras Áreas Protegidas Bajo Régimen de Administración Especial.

El ingeniero forestal, Julio Centeno, advirtió que la extracción minera siempre llega acompañada por el deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con mercurio y cianuro, y la erosión de los suelos. Adicionalmente genera el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, los cuales a su vez ocasionan una mayor presión sobre los recursos naturales y sobre la infraestructura de servicios de las zonas afectadas.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control.

"Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales, mientras que los costos sociales y ambientales son transferidos a la sociedad en su conjunto. En el caso de las empresas mineras con contratos en Imataca, la regalía oscila entre 3% y 5%, dependiendo del precio del oro, mientras que en el sector petrolero se eleva al 30%".

El nuevo plan de ordenamiento permite triplicar la superficie actualmente bajo explotación por parte de la industria maderera, lo que pondría en peligro la mayor parte de los bosques naturales de la reserva. Cerca de tres cuartas partes de la superficie total de la reserva puede ser sujeta a la explotación forestal, incluyendo las 451.000 hectáreas abiertas a la minería, ya que estas áreas se clasifican como zonas para el manejo combinado forestal y minero. En la actualidad, aproximadamente el 80% de la reserva se encuentra cubierta por bosques naturales.

Franklin González advierte ante peligro por deforestación: Decreto 3.110 pone en riesgo fuentes de agua en Padre Chien

El alcalde del municipio sureño advirtió que para la aprobación del decreto que regula y reglamenta la Reserva Forestal de Imataca, no se consultó ni a la comunidad ni a las autoridades de esta localidad.

A propósito de la aprobación y entrada en vigencia del decreto 3.110 que regula y reglamenta la Reserva Forestal Imataca, el alcalde del municipio Padre Pedro Chien, expresó dos preocupaciones fundamentales: la afectación de los ríos debido a la deforestación, lo que traería consigo la reducción de las fuentes de agua dulce, y en segundo lugar, la poca participación de las poblaciones afectadas en la discusión de este ordenamiento jurídico.

Así Franklin González, alcalde del municipio Padre Chien, se une a la lista de voces que están exigiendo una revisión de algunos puntos de este ordenamiento jurídico que entró en vigencia en septiembre del año pasado.

Recalcó que para la aprobación definitiva del decreto 3.110 que regula y reglamenta la Reserva Forestal Imataca faltó una mayor participación de las comunidades y de las autoridades de los municipios involucrados.

Aunque el alcalde de Pedro Chien, considera que el decreto 3.110 es mejor que el 1.850 emitido durante la administración Caldera, advierte que para su aprobación no hubo la participación y el debate que requería una normativa como ésta.

En el caso de los 20 mil habitantes del municipio Pedro Chien, la mayor preocupación es que la actividad forestal y minera y la consecuente deforestación afecten el caudal y la calidad del río Grande, único proveedor de agua que tienen a la mano los residentes de este municipio.

González apuntó que en el caso de Padre Chien, "hay que revisar algunas áreas enmarcadas dentro de ese decreto, sobre todo la cuenca hidrográfica del río Grande, porque yo creo que esa zona debe estar resguardada, por ser la única fuente de abastecimiento de agua en el municipio".

El burgomaestre advierte que en la cuenca del río Grande ya existe una zona que está siendo deforestada, "sobre todo en Santa Fe y nosotros hemos tenido divergencias con el Ministerio de Ambiente, por el uso que se le ha querido dar a esa área, porque es precisamente en esa área donde nacen todas las quebradas tributarias del río Grande y eso afecta la seguridad del suministro de agua en el municipio Padre Chien".

Sostiene que lograr una mejor calidad de vida para la población depende de las fuentes de agua, por lo que si se sigue deforestando el bosque y las cabeceras de los ríos, la falta del vital líquido podría convertirse en un drama para la población del municipio Padre Pedro Chien.

Sin consultas

González reconoció que en algunos apartados el decreto está bien sustanciado, pero advirtió que hay otros asuntos como la preservación de las fuentes de agua dulce que no están totalmente garantizados en el nuevo ordenamiento jurídico. "El decreto si está ajustado en lo que son las áreas de explotación minera y explotación forestal y pienso que allí los técnicos de las cámaras municipales, de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Ambiente deben ser escuchados, porque el Ministerio de Ambiente tenía que haber escuchado la opinión de los municipios afectados".

- ¿Ese decreto fue consultado en su municipio?

- No, no, no. El Ministerio del Ambiente hizo una jornada, pero a nosotros no nos consultaron, al municipio Padre Chien no nos consultaron, ni a la Cámara municipal de Padre Chien, ni a mí como alcalde, y las comunidades tampoco fueron consultadas.

- ¿Qué debe hacerse entonces, porque ya el decreto fue publicado en Gaceta Oficial y entró en vigencia en septiembre del año pasado?

- Sí, entró en vigencia en septiembre, pero siempre hay excepciones y allí hay áreas que pueden ser revisadas. La resolución fue reestructurada y reorientada nuevamente, porque como se concebía el anterior decreto se afincaba más contra el medio ambiente que este nuevo. El anterior prácticamente iba a acabar con toda la zona boscosa de Guayana y éste es más conservador, pero por supuesto tiene sus fallas y la intención es solicitarle al Gobierno nacional - a través del Ministerio de Ambiente - las correcciones que tengan que hacerse en algunas áreas, y sobre todo en la cuenca hidrográfica de río Grande, que es la jurisdicción de nuestro municipio.

Cuestión de equilibrio

Franklin González considera que el secreto para que puedan coexistir en la Reserva Forestal Imataca la actividad minera y la explotación forestal es logrando un equilibrio, sin perder de vista que es importante la "conservación" de nuestros recursos.

"Tenemos que lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo y para ver el desarrollo hay que afectar un área bajo un régimen especial o reserva forestal, pero en cualquier país del mundo para poder abrir el desarrollo hay que afectar tierras y cauces de agua", dijo.

Concluyó señalando que el Gobierno nacional tiene que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, los municipios, las gobernaciones y fundamentalmente las comunidades que son las que serán directamente afectadas por esa ley.

"Las consecuencias de la minería en Imataca han sido fatales"

Juvencio Gómez, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, fue enfático al aseverar que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta.

Los representantes de los indígenas del estado Bolívar están convencidos de que es necesario ordenar la minería dentro de la Reserva Forestal Imataca, porque seguirla llevando adelante como hasta ahora, intensificaría los graves problemas ambientales de la zona, como por ejemplo, la deforestación de nuestros bosques y la contaminación de los ríos.

Si bien es cierto el Decreto 3.110 que regulará la Reserva Forestal Imataca fue discutido por representantes de las 42 comunidades indígenas que viven en el municipio Roscio, las observaciones que ellos realizaron no fueron tomadas en cuenta al momento de aprobar el ordenamiento jurídico.

Juvencio Gómez, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, explicó que cuando se estaba discutiendo y consultando el Decreto 3.110 que regula y reglamenta la Reserva Forestal de Imataca, se hicieron 3 talleres en las comunidades indígenas del municipio Sifontes y en esos encuentros salieron a la luz unas observaciones que lamentablemente no fueron tomadas en cuenta al momento de aprobar el nuevo ordenamiento jurídico.

"El temor de los indígenas era que los hábitats o comunidades sean utilizadas como áreas de minería, ese era su temor y por eso exigían la aceleración del proceso de demarcación de las tierras indígenas y su titulación", indicó.

Sin embargo, este proceso de demarcación de tierras avanza muy lentamente. La titularidad y demarcación de las tierras es un viejo anhelo de las comunidades autóctonas del estado, pues desde que se firmó el convenio de entendimiento para la construcción del tendido, el Ejecutivo nacional se comprometió a llevar adelante ese proceso.

El representante de las etnias indígenas que tienen su asiento en el estado Bolívar subrayó que a pesar de que esa solicitud se hizo a la comisión que presentó el Decreto, "hasta ahora" no ha sido posible que esas peticiones sean tomadas en cuenta.

"El proceso de demarcación de tierras es bastante lento, se están dando los pasos, pero falta el reglamento de la Ley de Demarcación que no ha sido aprobado, y se está trabajando pero a un ritmo bastante lento, continuó. Esa era una de las condiciones que colocaron las comunidades frente al Decreto de Imataca, pero hasta allí, porque no se han tomado más acciones".

Observaciones puntuales

Gómez recuerda que en esa discusión del Decreto 3.110 los representantes de las comunidades indígenas exigían a los especialistas "no definir o hacer la caracterización de las áreas sin tomar en consideración la presencia de las diferentes comunidades".

"Se tiene la convicción de que el área que corresponde a las comunidades indígenas está solamente alrededor de la propia comunidad, pero eso no es así, porque siempre las tierras se extienden más allá de las comunidades, hacia el área donde van de pesca, de cacería... son territorios que nosotros consideramos nuestros", dijo.

El líder indígena asegura que de esas observaciones que se plantearon en las discusiones, "sólo algunas" fueron tomadas en consideración al momento de redactar el documento final.

"En algunos de los artículos se menciona que está por discutirse lo referente a las tierras y el hábitat de las tierras indígenas. No me acuerdo en qué artículo, pero está incluido".

- ¿Ustedes como representantes indígenas están de acuerdo con que se intervenga la Reserva Forestal Imataca para permitir la minería de oro, con todo y las consecuencias ambientales que conlleva ese proceso?

- Tal como se ha venido haciendo hasta ahora, no.

- ¿No están de acuerdo?

- No.

- ¿Por qué? ¿Qué beneficios ha generado esa actividad dentro de Sierra Imataca?

- Las consecuencias han sido fatales, la deforestación del bosque, la contaminación de las aguas... entonces, si esa es la minería que se quiere implantar nosotros no estamos de acuerdo.

- ¿Ustedes creen que con este nuevo decreto la situación va a cambiar?

- Esperamos que el decreto ordene, porque el objetivo del decreto debe ser ése... ordenar lo que estaba desordenado. Ojalá que se cumpla. Esperamos que la situación mejore con este decreto y que no se sigan otorgando concesiones hasta tanto nosotros logremos nuestros títulos de propiedad de las tierras, porque si entregan todo corremos el riesgo de quedarnos sin tierras.

En la jurisdicción de la Reserva Forestal Imataca que se ubica dentro del estado Bolívar viven más de 42 comunidades, sólo en el municipio Sifontes, pero la reserva incluye otras comunidades indígenas que pertenecen al Delta Amacuro. Las etnias de Bolívar que están presentes en la Reserva Forestal son: Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón.

Defendiendo el ambiente

Antes de la promulgación del Decreto 3.110 que reglamenta la Reserva Forestal de Imataca, la Defensoría del Pueblo del estado Delta Amacuro solicitó en diferentes oportunidades una revisión exhaustiva de ese instrumento jurídico.

El defensor del pueblo del estado Delta Amacuro, Melquíades Pinzón, estima que los lineamientos, directrices y políticas del Decreto de Sierra Imataca, deben estar dirigidos al aprovechamiento de los recursos naturales bajo el principio del desarrollo sustentable, "considerando que es la única vía para que los usos asignados como el forestal se desarrollen en concordancia con los usos definidos para la conservación de la diversidad biológica, la permanencia de los pueblos y comunidades indígenas y el resguardo de sus valores socio-culturales".

Pinzón es concluyente al afirmar que la Defensoría del Pueblo cree que la mayor debilidad del Estado en la Reserva Forestal de Imataca es la falta de una vigilancia y control efectivo para las actividades de explotación minera y forestal.

"Los antecedentes indican que existe una falta de seguimiento continuo de las mencionadas actividades por parte del ente responsable que otorga la concesión de explotación, en hacer exigir a las empresas que aprovechan los recursos naturales, la recuperación de las áreas intervenidas. Esto significa, que tanto el Ministerio del Ambiente, que otorga las autorizaciones para 'ocupación del territorio' y 'afectación de los recursos', como el Ministerio de Energía y Minas, encargado de otorgar las autorizaciones para la 'explotación de los recursos' en el caso de la actividad minera, no tienen la capacidad humana ni logística suficiente que permita realizar una eficiente vigilancia y control ambiental. Asimismo, la Guardia Nacional carece de los insumos, tecnología y recursos humanos para realizar una efectiva guardería ambiental".

Apuntó que los riesgos de una actividad extractiva minera o forestal sin supervisión son muy elevados, pues la Reserva Forestal de Imataca es en el 80 por ciento de su territorio una selva virgen, "por lo que son bosques que se caracterizan por una alta fragilidad ecológica y baja capacidad de regeneración, lo que dificulta aun más su recuperación luego del impacto causado por la explotación minera (oro, diamante, cobre, bauxita, manganeso).

"Creemos que es necesario el fortalecimiento de las comunidades para integrarlas a la efectiva defensa y vigilancia de la reserva así como de cualquier actividad que se autorice", propuso.