Abril 05, 2005

Carta a los Señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro

Ing. Jacobacci, 2 de Abril de 2005 - Las personas y organizaciones abajo firmantes hemos creado, en diciembre del año 2004, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro ante la preocupación que genera el anuncio de numerosos proyectos mineros en la Provincia, en el resto de la Región Patagónica y de todo el País. Nos sumamos así a organizaciones similares en Chubut, Neuquen, San Juan, Catamarca, Cordoba y otras provincias. Nos dirigimos a Uds. en conocimiento de que visitarán, en fecha próxima, las comunidades del Territorio Lipetrén, cercano a la localidad de Ingeniero Jacobacci, en búsqueda de testimonios y evidencias relacionadas a proyectos mineros cercanos a esas tierras y como procedimiento vinculado al recurso interpuesto por la CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas). Al tiempo que saludamos el interés y el compromiso de informarse in situ que tienen los miembros del STJ y creemos necesario señalar elementos, criterios y principios que consideramos absolutamente necesarios para comprender y juzgar la situación en toda su complejidad.

La cuestión minera supera el esquema productivo tradicional. Es una actividad meramente extractiva con múltiples ramificaciones y consecuencias tanto a escala económica como ecológica, social y cultural. La minería, por otro lado, trasciende las fronteras, pero de manera negativa, pues se cotiza en bolsas de valores que no controlamos, alimenta industrias que no nos pertenecen y de las cuales no necesariamente queremos participar pues integran redes comerciales que saturan nuestros mercados con productos cuyo valor agregado se concentra en otras regiones. Es un hecho comprobado que las regiones mineras del mundo son publicitadas inicialmente como regiones ricas y llenas de oportunidades, pero terminan siendo las más pobres. Los resultados materiales se dividen desigualmente y los desordenes de tipo social asociados, que van desde la corrupción hasta la represión, pasando por la especulación inmobiliaria, la distorsión de precios, la depreciación de culturas del lugar y de otras formas de trabajo y de ingresos, son los que en definitiva quedan en los territorios de donde se extraen estos materiales. Se confunde y desprecia el valor de las economías locales pues se prometen ingresos por regalías, fomentando así una mentalidad rentista de corto plazo que hace sentir inútiles a las personas. Se canjean algunos puestos ocasionales de trabajo por una serie enorme y multidimensional de consecuencias negativas. ¿Por qué hacemos hincapié en toda esta serie de interrogantes? Porque de manera rutinaria el sector minero reduce la cuestión a meras consideraciones técnicas, como si esto fuera algo cuantitativo, y pretende que el estado obre de la misma manera. Es por esa razón que exigen, y con frecuencia logran, el asesoramiento de técnicos para dilucidar el problema, haciendo creer a la opinión publica que esto es simplemente una cuestión de números, cantidades y proporciones de tal o cual elemento químico. Es cierto que necesitamos datos empíricos obtenidos por científicos y técnicos independientes, pues no queremos correr ningún riesgo y tampoco queremos que lo corran nuestros hijos o nuestros nietos, o los visitantes.

Pero es precisamente por esa misma razón que la pertinencia y la interpretación de los datos no puede limitarse a lo que digan personas con formación técnica. Ese recorte de la realidad es característico del sector directamente interesado, de manera que aceptar esa perspectiva reduccionista y supuestamente neutral implica, desde el primer momento, concederle la razón y juzgar anticipadamente.

Es por eso que sugerimos tomar en consideración todos los documentos publicados por las organizaciones sociales que rechazan la minería en gran escala y defienden la economía regional y las perspectivas sustentables de esta generación y las futuras, empezando por la Declaración de Londres de las comunidades afectadas por la minería y, a nivel regional, por la Asamblea de Esquel. Consideramos que todos esos documentos, y especialmente sus argumentos, material ilustrativo, o informes de centros de investigación independientes, deben ser incorporados a los expedientes y ser públicamente debatidos antes proceder a las instancias correspondientes.

Las organizaciones sociales opuestas a la minería y sus representantes suelen ser categorizadas como maquinas de impedir, como fuerzas contrarias al progreso. Todo lo contrario. Estamos convencidos que el esquema extractivo que enmarca a esta actividad destruye puestos de trabajo, entre otras razones porque pone en riesgo una de las fuentes de ingresos y de estabilidad económica fundamental que es el agua, además de afectar la imagen internacional como región no contaminada. La Patagonia y su gente tienen una enorme responsabilidad cuidando el agua y los servicios asociados para su uso como un elemento sagrado, no apropiable por la especulación del mercado. Y una población que defiende sus recursos contribuye a la madurez política, a la economía tangible y a la imagen nacional e internacional. Lamentamos que eso incomode a un sector en particular, pero es nuestro deber como padres, educadores o trabajadores avanzar en ese sentido e invitamos a los miembros del STJ a sumarse a esta causa.

REPERCUSIONES:

El STJ escuchó reclamos de comunidades indígenas
(Viernes 8 de abril de 2005) Están preocupados por el avance de empresas mineras. Denuncian daños ambientales en el proyecto Calcatreu.

"La opción 'minería o pobreza' es extorsiva"
(Viernes 8 de abril de 2005) Representantes de más de diez organizaciones sociales y ecologistas remitieron una "carta abierta" al Superior Tribunal de Justicia, ante la visita que dos de sus miembros realizaron a la zona de la proyectada explotación minera a cielo abierto.

(Sábado 9 de abril de 2005) Dos jueces del Superior Tribunal de Justicia llegaron ayer hasta parajes apartados de la línea sur y escucharon fuertes alegatos de pobladores mapuches

El STJ hizo un reconocimiento judicial en Calcatreu y Lipetren
(Martes, 12 abril 2005) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se constituyó a fines de la semana pasada en los parajes Calcatreu y Lipetren, con el objeto de cumplir el acto procesal dispuesto en la causa en trámite: ‘Codeci contra la rovincia de Río Negro sobre amparo; correspondiente al reconocimiento judicial de lugares, recursos Naturales, comunidades originarias y familias que pueblan el área.

Con frecuencia se habla de la minería como una cuestión local, como un tema a ser decidido por cada localidad. Eso es una falacia inaceptable. Es asunto de todos los rionegrinos porque afecta directa e indirectamente a toda la población. Por otra parte, poner a cada localidad artificialmente rezagada o a las comunidades rurales frente la opción entre inversiones mineras o pobreza es un acto extorsivo que no aceptamos pues constituye una flagrante violación a los derechos humanos. Por otra parte se pretende invertir la carga de la prueba exigiendo a la población el trabajo de aportar datos, sumando dificultades y costos en medio de un clima con frecuencia viciado por apremios y presiones que nada tiene de sutil.

Es por las razones expuestas que solicitamos a ese poder público incorporar, como parte de sus atribuciones y obligaciones, toda la variedad de perspectivas, ideologías, visiones y principios que difieren del actual esquema extractivo y actuar de manera preventiva, ante las abrumadoras evidencias ya documentadas por la justicia, citando como ejemplo Mina Angela o La Alumbrera en Catamarca, o Pascua Lama.

De esta manera los miembros del STJ se sumarán a las moratorias y leyes que restringen o prohiben tales proyectos a nivel internacional, con antecedentes avanzados o en proceso de consolidación en los EEUU, Europa, Costa Rica, Rumania, Siria, Perú y Uruguay, entre otros, brindando seguridad jurídica a la población local y a sus medios productivos y laborales. Tenemos fundadas razones para descreer totalmente de la capacidad de control del estado provincial y no estamos dispuestos a sustituir certeza por promesas. Asimismo informamos al Sr. Presidente y demás miembros del STJ que nos permitimos redactar la presente como Carta Abierta, a la que daremos difusión por todos los medios a nuestro alcance.

Con copia a medios de comunicación, asociaciones profesionales, Comisión Interamericana de DDHH, centros de estudio, organizaciones sociales nacionales e internacionales.

Siguen las firmas...

Entidades Adherentes

Vecinos Autoconvocados La Pirita, Ingeniero Jacobacci
Vecinos Autoconvocados de Maquinchao
Vecinos Autoconvocados de General Roca
Vecinos Autoconvocados de Sierra Colorada
Vecinos Autoconvocados de Esquel
Sociedad Rural de Los Menucos
Sociedad Rural de Sierra Colorada
Sociedad Rural de Maquinchao
Escuela de Ecología Social de Neuquén
Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón (SER)
Radio El Arka de Bariloche
Partido Humanista y Ecologista de Neuquén
Partido Humanista y Ecologista de Río Negro
UNTER
Asociación Rionegrina de Caprinocultores de Angora
Comunidad Ngpun Kurrha de Mamuel Choique
Comunidad Putrren Tuli Mahuizda de Lipetrén
Fundación Unopatun
Asociación Ecologista Piuké
ARI, Río Negro
Comunidad Mapuche de Maquinchao
FUNDEN de Neuquén
Pastoral Social de la Diósecis de San Carlos de Bariloche
Cátedra Libre de Desarrollo Sustentable CURZA UNC
Asociación Patagónica de Profesionales del Campo (APPROCAM)
Comunidad Mapuche Monguel Mamuell de Viedma
Asociación de Guías de Turismo de la Comarca Viedma y Patagones

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ACTUALIZACIÓN - El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro le ordenó a la administración provincial que resguarde los derechos de las comunidades indígenas que peligran por la explotación de sus tierras. El Proyecto Calcatreu avanza sin observar las disposiciones de carácter constitucional consagradas a favor de las comunidades originarias.

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Jueves, 18 de Agosto de 2005

Admitieron recurso de amparo mapuche

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