Información, participación y mineras transnacionales en la meseta: una oportunidad perdida
Las extraordinarias ventajas con que cuentan las empresas mineras multinacionales, contrastan con el nivel de indefensión y dependencia de las comunidades rurales Mapuche-Tehuelche de la meseta centro-norte de Chubut y la Línea Sur de Río Negro. Los sucesivos gobiernos han promocionado el avance de mega proyectos, pero no han mostrado el mismo entusiasmo en incentivar el ejercicio de derechos y la organización de los pueblos originarios y comunas rurales de la zona. Esta asimetría se vuelve una cuestión crítica en la actual coyuntura, ya que comunidades y empresas mineras pretenden hacer uso del mismo territorio. El departamento Gastre es uno de los más grandes y menos poblados de la provincia de Chubut. Más del treinta por ciento de su territorio ha sido concesionado para exploración y prospección minera. Algunas de las compañías con derechos mineros en el departamento son Pacific Rim, Rio Tinto, Portal Resources, United Energy, Teck Cominco, IMA Exploration, Aquiline Resources, Golden Peaks, Cardero Resource, Hochschild Mining, y Patagonia Gold(1). Las tierras alejadas de la meseta y los acuíferos subterráneos que sustentan la economía pastoril de sus pobladores se convierten en un botín rápido y fácil para el capital transnacional, en tanto las condiciones políticas imperantes contribuyan al despojo.
El objetivo de este trabajo es analizar brevemente, y en este contexto, el operativo de traslado de un chenque, o cementerio Mapuche-Tehuelche, que casualmente estaba emplazado en el centro mismo del yacimiento de plata y plomo conocido como Navidad. El proyecto minero más avanzado y potencialmente rentable de la región debió enfrentar un hecho incuestionable: el de estar ubicado en territorio indígena. Una revisión del posicionamiento, actuación y estilo de intervención de los actores involucrados, permiten anticipar algunas tendencias preocupantes y puede contribuir a revertirlas.
Por Luis Manuel Claps
Puerto Madryn, Chubut, junio de 2007
Ponencia presentada en IV Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur (4TAAS) en Catamarca, del 3 al 7 de julio de 2007 - Simposio “Significados y usos del patrimonio arqueológico en los conflictos frente al Estado y a los capitales transnacionales”.
"Pidan y se les dará" (Lucas 11, 5-13).
El 3 de febrero de 2003, la empresa minera de capitales canadienses IMA Exploration anunció al mundo el descubrimiento de un prometedor yacimiento de plata en la meseta central de Chubut(2). La propiedad había sido inscripta ante la dirección de Minas y Geología de la provincia el 6 de diciembre de 2002. Poco tiempo después su filial local, Inversiones Mineras Argentinas, se instaló en Gastre, el pueblo más cercano al área del descubrimiento. El momento no podía ser peor: otra empresa de capitales canadienses, Meridian Gold, enfrentaba el rechazo masivo de la comunidad de Esquel y su Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina(3). Un fuerte proceso de politización había instalado el proyecto minero Cordón Esquel en el centro del ámbito público, que conduciría al plebiscito de marzo de 2003 en el que más del 80 por ciento de los votantes dijo NO (4).
Aunque había varias otras empresas deambulando en la zona, cuya imagen más notoria era la de incansables camionetas 4×4, IMA fue la primera en buscar entablar un canal de diálogo con la comunidad. Y lo primero que dijo IMA en Gastre fue "nosotros no somos como la minera de Esquel". Otra novedad fue la contratación de una consultora que realizó un detallado diagnóstico de los grupos sociales y sus relaciones, una "línea de base social", para desarrollar una estrategia que facilite los intereses de IMA.
Al mismo tiempo, la empresa había comenzado con una política de seducción muy fuerte en Gastre, que luego amplió a la aldea escolar Blancuntre. En esta zona de la meseta patagónica, el poner a disposición de los pobladores una camionera 4×4 significa mucho. La empresa minera comprendió esto rápidamente y se presentó a sí misma como una suerte de “mesías” económico, capaz de responder a cada una de las necesidades materiales de su entorno poblacional, entendido éste únicamente como “beneficiario” del proyecto. La promesa de prosperidad incluía puestos de trabajo, capacitación, infraestructura y desarrollo para los pueblos. Es un momento en el que el precio de la lana, principal producción de la zona, estaba muy deprimido.
Por otro lado, hubo demostraciones de fuerza de la empresa al hacer públicas y notorias sus relaciones con el poder institucional. Las prácticas asistencialistas que con frecuencia realizan diversas agencias del gobierno en la zona, fueron asumidas y reproducidas por la empresa minera. De hecho, hay un sutil retiro del asistencialismo oficial, para dar lugar al asistencialismo privado, y de algún modo, uno y otro se complementan.
El chenque
Después de registrar las propiedades mineras e iniciar los trabajos, cuando comienza a definirse más claramente que el yacimiento tiene un valor económico importante, el chenque se transformó en un problema, porque se trataba del único conflicto social potencial. La política de seducción y las demostraciones de fuerza de la empresa habían resultado efectivas, pero a partir de las lecciones del caso Esquel, no podían dejar sin control una cuestión con posibles ramificaciones negativas. Cuando IMA decide informar a las comunidades mapuche-tehuelche sobre la existencia del chenque, ya había decidido que impulsaría su traslado. En ese momento, comienza una triangulación entre la empresa minera, la secretaría de Cultura de la provincia y el Centro Nacional Patagónico (Cenpat), constituyéndose una “mesa chica” en la que cada actor se aporta legitimidad recíprocamente: la secretaría de Cultura se apoya en el equipo técnico del Cenpat, éste en las facultades decisorias de la secretaría, ambos en el “consentimiento” de las comunidades (que ellos mismos gestionan), y la empresa, finalmente, resuelve su problema.
La estrategia pública de la empresa fue constituirse como "protectores" del chenque. Deciden denunciarlo ante la dirección de Cultura, dando cumplimiento a la ley provincial 3559 (Régimen de las Ruinas y Yacimientos Arqueológicos, Antropológicos y Paleontológicos), y después consiguen que la comunidad más cercan al proyecto, Blancuntre-Yala Laubat, negociara el traslado del chenque para su óptima conservación y protección, a unos veinte kilómetros del área del proyecto minero.
El 28 de agosto de 2004, el presidente de la Comunidad Aborigen Blancuntre-Yala Laubat, Francisco Chiquichano, el presidente de la Junta Vecinal de Gastre, Rolando Jara, y el gerente general de IMA SA, Carlos Alberto D´amico, firmaron un acuerdo en el que se comprometían a “gestionar ante las autoridades provinciales correspondientes los siguientes temas: 1) Mensura y título de tierra comunitaria (Blancuntre, Yala Laubat y zonas aledañas), 2) Rescate y reubicación del sitio arqueológico situado en el predio del proyecto Navidad de IMA SA, 3) El derecho a la información y consulta de los aspectos medioambientales que pudieran afectar las actividades económicas tradicionales”.
Francisco Chiquichano, uno de los líderes de las comunidades indígenas de la meseta, con una representatividad y una historia de lucha muy importante, termina negociando con la empresa minera el traslado del chenque, en base a su lectura de las fuerzas e intereses en juego: de un lado la comunidad, y del otro la empresa minera con su despliegue de dinero y poder, con el gobierno provincial como aliado, y con el asesoramiento técnico del equipo de profesionales del Cenpat. Frente a esa correlación de fuerzas, era imposible no consentir el traslado del chenque. Ante el repliegue obligado, Francisco Chiquichano negoció la retirada en lo que consideró los mejores términos posibles, buscando para su comunidad el reconocimiento legal de la posesión comunitaria.
Sin embargo, las comunidades Mallín de los Cual, Laguna Fría y Lagunita Salada mantenían una postura más independiente, de resistencia a la empresa minera, y no habían sido alcanzadas del todo por sus estrategias de acercamiento, concentradas en Blancuntre-Yala Laubat y Gastre.
El 9 de noviembre de 2004, un grupo de dirigentes de esas comunidades enviaron una nota al Prof. Jorge Fiori, a cargo de la secretaría de Cultura de la provincia de Chubut, en la que le solicitaban "se abstenga de seguir adelante con cualquier modificación en el Chenque que se encuentra en cercanías de la Comunidad de Blancuntre, antes de producir la consulta necesaria a nuestras comunidades y las otras comunidades de la zona. Consideramos que el destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológico, son de nuestros antepasados y por lo tanto sagrados”. La nota estaba firmada por Agustina Catrimay, presidenta de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio; Patricio Huinchulef, presidente de la Comunidad Aborigen de Chacay Oeste y Laguna Fría; y Victorino Cual, presidente de la Comunidad Aborigen Mallín de los Cual.
La respuesta a esa nota fue una operación posterior donde el gobierno y la empresa minera realizan un acta, que la firman Agustina Catrimay de Lagunita Salada (que había firmado la nota anterior para que el chenque no sea trasladado) y Francisco Chiquichano. Para esta nota desdoblan la comunidad de Blancuntre-Yala Laubat, que históricamente ha sido una, y “fundan” la comunidad de Yala Laubat, para obtener así el número de tres y "empatar" a aquellas que habían firmado en contra. Consiguen el 3-3, nunca responden la solicitud del 9 de noviembre, y en marzo de 2005 trasladan el chenque.
El viernes 20 de mayo de 2005, el Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro "denunció que Inversiones Mineras Argentinas (IMA Exploration Inc.) levantó, sin previa autorización, un cementerio de la comunidad ubicado en Chubut para desarrollar allí una explotación privada"(5).
Inmediatamente, en un comunicado de prensa publicado en varios medios, la empresa minera afirmó que "manifiesta reconocer los derechos de los pueblos originarios, consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Argentina y las leyes provinciales. Por ello, asegura que se realizó un proceso de información y consulta con las Comunidades Aborígenes de la región sobre varios temas fundamentales, en cuya agenda se incluyó como un tema de suma importancia la existencia del chenque (cementerio) en el área de trabajos exploratorios y la necesidad de protegerlo”(6). Ese “proceso de información y consulta” no fue libre, previo, ni informado, como establece el Convenio 169 de la OIT.
No fue libre: una de las formas de garantizar la libre obtención del consentimiento es asegurando que el proponente del proyecto no sea a la vez la entidad responsable encargada de obtener dicho consentimiento(7). La empresa minera no pudo haber consultado a las comunidades ni por el traslado del chenque, ni por sus actividades de exploración en la zona, sin comprometer la legitimidad misma del proceso de consulta.
No fue previo: para lograr un proceso de consulta válido y significativo, se debe buscar el consentimiento informado con suficiente antelación a cualquier concesión o autorización por parte del Estado, y antes de que la empresa interesada inicie las actividades que afectan a los pueblos indígenas, su cultura, sus tierras, territorios y recursos. La provincia de Chubut otorgó las concesiones del proyecto Navidad en diciembre del año 2002 y en ese momento no hubo ningún tipo de consulta. De hecho, “en febrero de 2001, cuando una empresa minera había solicitado un permiso de exploración sobre parte de la ocupación tradicional de la comunidad Huisca Antieco, en Alto Río Corinto, el director general de Minas de la provincia manifestó, según refleja un diario local: “... Desde el punto de vista legal, realmente no estamos muy al tanto de cómo afecta la legislación vigente (...) de los aborígenes sobre un permiso de exploración. A raíz de esto hemos solicitado los artículos de la constituciones nacional y provincial. Por otra parte dijo desconocer lo que marca el Convenio 169 de la OIT y la incidencia que tendría sobre este conflicto...” (se trata del ex director de Minas y geología de Chubut, Guillermo Hughes, en nota publicada en Diario El Chubut, 22 de febrero de 2001) (8).
No fue informado: el consentimiento debe obtenerse sin coacción, antes de iniciar las actividades y después de la completa divulgación por parte del proponente de la intención y alcances de las actividades del proyecto, en un idioma y a través de un proceso que sea entendido por los pueblos indígenas y comunidades afectadas(9). La información plena y legalmente correcta relativa a los desarrollos propuestos, provista de manera accesible y comprensible, es otro requisito esencial que no fue cumplido en este auto proclamado “proceso de información y consulta”, ya que la información debe incluir todas las etapas implicadas (prospección, exploración, explotación y remediación). Evidentemente, el proponente no puede administrar por sí mismo los momentos, las cuotas y los contenidos de la información sin comprometer la legitimidad del proceso.
La falta de información plena y legalmente correcta relativa a los desarrollos propuestos es notoria incluso en los centros urbanos de la provincia. "El encargado de hablar por primera vez del proyecto desde que se puso en marcha hace dos años, fue el presidente de IMA, Carlos D’Amico, quien ayer explicó detalladamente en Trelew los pasos que han venido dando hasta ahora, y anticipó cuáles darán en los próximos años. "En principio, queríamos que toda la comunidad conociera lo que estamos haciendo en Navidad", dijo D’Amico”(10). Si la empresa quería que toda la comunidad supiera sobre sus actividades, ¿por qué esperaron más de dos años antes de dar la primera conferencia de prensa sobre el proyecto?
Comentarios finales
"En nombre de la “ciencia” el CENPAT (Centro Nacional Patagónico), dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), en articulación con empresas mineras que operan en la provincia, profanan y secuestran los restos de nuestros antepasados" se lee en el Documento del V Futa Trawn Mapuche-Tehuelche, realizado en Rawson, Chubut, los días 21 y 22 del mes de Octubre de 2006.
El chenque era la prueba más contundente de que el proyecto minero Navidad es parte del territorio indígena, y retirarlo del lugar borró esa marca. Paradójicamente, se preservó el chenque para entregar la montaña. Las instituciones públicas que intervinieron en el proceso fueron funcionales a los objetivos de la empresa interesada, en detrimento de los derechos de los pueblos originarios reconocidos internacionalmente. El autodenominado “proceso de información y consulta” que llevó adelante la empresa minera no cumplió con los estándares mínimos para ser reconocido como tal. Líderes indígenas se vieron forzados a aceptar el traslado del chenque y a negociar en condiciones notoriamente desventajosas, a pesar de que todos saben que no es lo mismo vivir en una periferia rural, que en la periferia de un mega proyecto minero. De hecho, el acuerdo firmado el 28 de agosto de 2004, en el que un representante de IMA se comprometió a gestionar ante las autoridades la mensura y título de propiedad comunitaria de las tierras de Blancuntre-Yala Laubat, a cambio de consentir el traslado del chenque, es de cumplimiento dudoso ya que la empresa perdió la titularidad del proyecto y otra compañía canadiense, Aquiline Resources, es la operadora a cargo(11).
La presencia del chenque en el centro del yacimiento Navidad ofreció una oportunidad de generar una discusión plena sobre el auge minero en la meseta y sus implicancias políticas, económicas, culturales, medioambientales, sociales, y sobre los derechos de los pueblos originarios. Un proceso como ese demanda tiempo, requiere el compromiso de todos los actores involucrados.
Durante los últimos veinte años, las actividades extractivas de empresas multinacionales en territorios indígenas han aumentado en el mundo de manera exponencial(1). Y de continuar la actual tendencia, la presión sobre estos territorios aumentará aún más. Muchas de esas experiencias han sido desastrosas para las comunidades cercanas a los proyectos. La provincia de Chubut no puede abrir la puerta al capital transnacional desconociendo estos antecedentes, los debates y casos documentados disponibles, ni los avances en materia de protección de derechos a nivel internacional.
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NOTAS:
1. Datos del catastro minero de la provincia de Chubut, a mayo de 2005.
2. Gacetilla de prensa "Bonanza Grade Silver-Copper-Lead Discovery In Patagonia, Argentina" en http://www.imaexploration.com
3. Ver www.noalamina.org
4. Diego Colao y Luis Manuel Claps, Comunicación, recursos naturales y comunidad en el caso Esquel, tesina de licenciatura de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, 2005.
5. Diario de Río Negro, Denuncian profanación de un cementerio mapuche, viernes 20 de mayo de 2005.
6. Diario de Río Negro, Empresa minera desmiente denuncias de profanación, lunes 23 de mayo de 2005.
7. Ver por ejemplo A. Goldzimer, Prior Informed Consent of Project Affected Indigenous Peoples, Kennedy School Review, 2000.
8. Eduardo Raúl Hualpa, Sin despojos. Derecho a la participación Mapuche-Tehuelche, Cuadernos de Endepa, Argentina, 2003.
9. Fergus MacKay, El Derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado y la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial, en Sustainable Development Law & Policy, Volumen IV, Número 2, junio de 2004.
10. Diario El Chubut, 25 millones para explorar una mina de plata en Chubut, 13 de enero de 2006.
11. Ver al respecto el comunicado de prensa fechado el 7 de junio de 2007 en Toronto, Canadá, Navidad Belongs to Aquiline, en www.aquiline.com, o la nota de Tom Azzopardi en The Northern Miner, del 14 de mayo de 2007, The Battle for Christmas, entre otras fuentes disponibles.
12. Viviane Weitzner, Políticas innovadoras sobre los Pueblos Indígenas y la minería: lecciones clave para la Cumbre Mundial y para el futuro, Instituto Norte-Sur, Ottawa, Canadá, 2002.
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