Ecuatorianos demandan en Canadá a minera Copper Mesa y la Bolsa de Valores de Toronto
En la parte elevada de los Andes ecuatorianos donde desaparecen las carreteras en los bosques nublados de la zona de Intag, alejado de la ciudad capital de Quito y otras ciudades, se encuentra un área de extraordinaria belleza natural. Está salpicado de aldeas pequeñas, fincas familiares y pequeñas fincas cafetales, ubicados junto a la prístina reserva ecológica nacional de Cotacachi-Cayapas. Sin embargo una compañía minera canadiense en fase de exploración afirma que un importante yacimiento de cobre está enterrado debajo de este ecosistema exuberante y comunidades pacíficas. Copper Mesa Mining Corporation, financiada principalmente en la Bolsa de Valores de Toronto, y asociada con el gigante minero mundial, Rio Tinto, afirma que se debe excavar una enorme mina a cielo abierto en las montañas del bosque nublado a fin de extraer el cobre. Marcia, Israel y Polibio alegan en su demanda que la TSX tenía un deber legal bajo las leyes de Canadá de dejar de proveer ayuda financiera a una compañía como Copper Mesa donde existía un riesgo previsible de que los fondos recaudados en la Bolsa serían utilizados para perjudicar a personas en Ecuador.
Marzo 2009, ver la página de la demanda
EXTRA: Baje también la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera en Ecuador presentada por la CONAIE
No obstante, la mayoría de los campesinos y líderes políticos ecuatorianos de la zona creen que la enorme mina a cielo abierto traerá mucho más destrucción social, ecológica y económica de lo que jamás se podría justificar. Los miembros y líderes de la comunidad local han protestado en repetidas ocasiones y han tomado la decisión de bloquear la mina que se propone. Afirman que los pasos que ha emprendido la compañía hasta ahora para iniciar las actividades de exploración minera violan las leyes ecuatorianas relacionadas con los derechos de la tierra y la protección ambiental, y han provocado violentos conflictos en la comunidad. Asimismo aseveran que los agentes de la compañía han recurrido a agresiones físicas, amenazas de muerte y numerosas violaciones de los derechos humanos.
Ataques a las comunidades
El 2 de diciembre de 2006, los miembros de la comunidad fueron alertados que una numerosa y armada brigada de seguridad privada contratada por Copper Mesa (conocida entonces como Ascendant Copper), venía por el camino comunitario con el objeto de pasar a la fuerza por las comunidades y llegar al yacimiento de cobre. Los miembros de la comunidad se movilizaron rápidamente y un grupo de hombres, mujeres y niños se reunieron en el camino para defender sus hogares, tierras y el medio ambiente. Una estudiante de Europa que estuvo de visita para estudiar la controversia captó con una cámara de video lo que sucedió después. Varias camionetas de propiedad de la empresa o contratadas se detuvieron en el bosque, y docenas de hombres uniformados, portando carabinas y revólveres, se bajaron y se acercaron al grupo que bloqueaba pacíficamente el camino.
Los paramilitares se detuvieron a pocos metros de los comuneros del sector. Los miembros de la comunidad les suplicaron que se fueran e insistieron que se llamara a la policía. Repentinamente y sin provocación el líder de los paramilitares apuntó con un bote de gas lacrimógeno y roció a los rostros de las mujeres y hombres a solo un metro de distancia. Luego desenfundó su revólver y comenzó a disparar. Otros miembros de la brigada paramilitar hicieron lo mismo. En total, el personal armado de la compañía hicieron veintenas de disparos.
A pesar del ataque violento no provocado y el revoltijo consiguiente, los miembros de la comunidad no se dispersaron ni se echaron atrás. Sorprendidos y confundidos por la valentía de los comuneros, las fuerzas de la compañía minera se retiraron, se reagruparon, y luego se fueron en las camionetas de la empresa. Una de las mujeres afectadas por el gas fue Marcia Ramírez. Uno de los hombres heridos durante la balacera y el caos fue Israel Pérez.
El ataque del 2 de diciembre de 2006 que patrocinó la compañía fue solo una parte de la amplia campaña llevada a cabo a fin de quebrantar la oposición local, basada en principios, contra la mina a cielo abierto de Copper Mesa. A lo largo de 2005, 2006 y 2007, Polibio Pérez, un representante de la comunidad local, y su familia, recibieron varias amenazas de muerte debido a su papel de líder de la oposición a la minería en Intag - amenazas que según los miembros de la comunidad fueron perpetradas por individuos vinculados a Copper Mesa Mining Corporation. El 31 de julio de 2007, Polibio Pérez fue agredido físicamente por un grupo con vínculos a la compañía minera.
Estas amenazas y ataques son parte de una campaña más amplia de intimidación, acoso y violencia realizada por los aliados de la compañía Copper Mesa de Canadá y a veces aparentemente por agentes de la misma, con el objeto de acallar la amplia y sostenida oposición local a la gigantesca mina de cobre a cielo abierto en la zona de Intag.
Lo que está sucediendo en Intag es ilustrativo de un problema más amplio – la falta de rendición de cuentas corporativas y financieras de la industria minera canadiense. Estos eventos en Ecuador se repiten en numerosos otros países desde la República Democrática del Congo, hasta Perú, las Filipinas e Indonesia, y son indicios del hecho de que bajo las leyes actuales de Canadá, las compañías mineras canadienses no se responsabilizan por los daños que causan en el extranjero.
Sin embargo, frente a probabilidades en contra que eran astronómicas, la Srta. Marica Ramírez, el Sr. Israel Pérez y el Sr. Polibio Pérez al final pudieron encontrar la manera de entablar acciones legales en Canadá a nombre de sus comunidades para defender sus hogares, sus tierras y el ecosistema contra instituciones corporativas y financieras ubicadas a miles de kilómetros de distancia, cuyos agentes y aliados causaban tanta violencia y daño, con impunidad y aparentemente sin rendición de cuentas.
Demanda contra la Bolsa de Valores de Toronto (TSX)
La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) facilita más financiamiento para compañías mineras internacionales – especialmente las compañías mineras en fase de exploración – que cualquier otra bolsa de valores en el mundo. Lo hace ignorando los daños potenciales y reales que puede causar, y a menudo causa, este financiamiento.
En el caso de Intag, la cotización en la bolsa de valores de Copper Mesa (en aquel tiempo bajo el nombre de Ascendant Copper) de parte de la TSX permitió que la compañía obtenga más de $25 millones de dólares de capital – un parte del cual financió a los atacantes que hirieron a Marcia e Israel el 2 de diciembre de 2006. El comité de la TSX había acordado previamente a cotizar a Copper Mesa (Ascendant Copper) en su bolsa de valores a pesar de haber sido advertido específicamente mediante una carta de un alcalde local en Ecuador acerca de la participación de la compañía en un conflicto local, y no obstante una advertencia emitida por la agencia financiera contratada por Ascendant que preparó el prospecto de cotización de Ascendant. Dicho prospecto advertía que existía un “potencial para intensificar más la violencia” si se continuaran las operaciones de exploración de minerales. La TSX pasó por alto estas alertas específicas, cotizó la compañía en su bolsa, y pronto los fondos fluyeron para pagar a los hombres armados y violentos que actuaron ilegalmente en un camino comunitario del bosque nublado de Intag.
Según las leyes canadienses, cualquier persona que emprenda una actividad, incluyendo una corporación como la TSX, deben “tomar precauciones razonables para evitar un comportamiento que pudiera acarrear un riesgo irrazonable de daños a terceros”1. Si alguien no toma estas precauciones, y su conducta produce daños, deberá pagar una indemnización por los daños causados.
Marcia, Israel y Polibio alegan en su demanda que la TSX tenía un deber legal bajo las leyes de Canadá de dejar de proveer ayuda financiera a una compañía como Copper Mesa donde existía un riesgo previsible de que los fondos recaudados en la Bolsa sean utilizados para perjudicar a los individuos en lugares como el Ecuador. En otras palabras, la TSX tenía un deber legal de dejar de proveer acceso a asistencia financiera sin tomar las medidas precautelarías de “diligencia debida” para reducir el riesgo de que los fondos recaudados a través de la Bolsa no sean utilizados para perjudicar a individuos como Marcia, Israel y Polibio. En esta demanda, los Demandantes hacen resaltar a algunos indicadores claros, conocidos por la TSX, que señalaban la existencia de un riesgo real de que dichos daños se pudieran producir.
Actualmente, la TSX no toma medida alguna para ayudar a evitar la posibilidad de que los fondos recaudados en sus bolsas causen daños reales a individuos en el extranjero. La TSX actualmente no tiene ninguna política implementada que evitara que la bolsa cotice a una compañía que tuviera una probabilidad – o aun la certeza – de utilizar los fondos recaudados para instigar violencia y abusos de derechos humanos en comunidades locales en el extranjero.
En el caso de Copper Mesa, la TSX proporcionó un medio para que la corporación tenga acceso a millones de dólares de nuevo capital financiero, con el cual la compañía minera pudo continuar y ampliar su campaña a control remoto, de temor e intimidación, y con el cual pudo contratar y, de hecho, contrató las fuerzas de seguridad violentas que agredieron a Marcia, Israel y Polibio.
Los Demandantes no están sugiriendo que la Bolsa de Valores de Toronto sea responsabilizada por todas y cada una de las acciones de las compañías que la TSX decide cotizar. Sin embargo, los Demandantes afirman que la TSX debe tomar medidas razonables para evitar que las grandes cantidades de capital que se recaudan en la TSX sean utilizadas para causar serios daños a individuos y comunidades en lugares como el Valle de Intag en Ecuador, donde el alto riesgo de dichos daños sea conocido o claro.
Demanda contra los miembros de la junta directiva de Copper Mesa
Por otra parte, la demanda alega que los miembros de la junta directiva de Copper Mesa tienen el deber de evitar una conducta que produzca el riesgo previsible de daños a los individuos y comunidades ubicados dentro de las áreas de exploración de la compañía. Son los directores que tienen el control final sobre una corporación y son responsables bajo la ley por sus propias acciones y omisiones que ocurren durante el desempeño de sus funciones como directores.
En este caso, por lo menos algunos de los directores sabían personalmente acerca del uso perjudicial de fuerzas armadas de seguridad privada en Intag. En particular, se les había mostrado evidencia fotográfica de ataques violentos contra reuniones pacíficas perpetrados por las fuerzas contratadas por la compañía, y los directores fueron advertidos specíficamente acerca del alto riesgo de futuros actos de violencia.
A pesar de este conocimiento, los miembros de la junta de directores de la compañía siguieron operando la compañía de tal manera que se aumentara el riesgo de futuros actos de violencia. Aprobaron financiamiento adicional que fue utilizado para fuerzas de seguridad peligrosas. No tomaron ninguna medida significativa para reducir el riesgo de que en el futuro los agentes de la corporación, hicieran amenazas de daños físicos o utilizaran tácticas violentas. Como resultado de los actos y omisiones de los directores continuaron las amenazas y la violencia.
Los Demandantes no están diciendo que los directores corporativos sean responsables ni obligados personalmente por todos y cada uno de los actos de la corporación. Más bien, afirman que en los casos en que los directores de hecho tienen conocimiento personal de un riesgo real e irrazonable de daños a individuos, o que el riesgo sea fácil de percibir, su deber es no actuar de de una manera que perpetúe o aumente dicho riesgo, y deben tomar pasos para reducir el riesgo.
Demanda contra Copper Mesa Corporation
Uno de los defectos serios de los controles existentes sobre las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero es que las compañías pueden repartir sus operaciones entre muchas jurisdicciones legales de tal manera que se eviten las leyes de rendición de cuentas en alguna jurisdicción en particular. Esto puede ocurrir mediante el uso de compañías subsidiarias, y a través de la incorporación en una jurisdicción, el establecimiento de oficinas principales de la compañía en otra, y tener sus operaciones efectivas en otra aun. Por ejemplo, Copper Mesa, a pesar de ser una compañía “junior” en fase de exploración, tiene vínculos en nueve jurisdicciones legales distintas, lo que hace difícil identificar la jurisdicción que sería la idónea para exigir que la corporación rinda cuentas.
En esta demanda, los Demandantes se han enfocado en las decisiones, acciones y omisiones de algunos de los principales tomadores de decisiones de la compañía, es decir, los directores, que han ocurrido en una jurisdicción provincial específica de Canadá (la provincia de Ontario). Al emplear leyes y principios existentes de esta manera enfocada, los Demandantes creen que tanto los directores como la compañía pueden ser responsabilizados, ya que la corporación es responsable legalmente de los agravios causados por las decisiones de sus directores.
Necesidad de reforma legal
Si bien los Demandantes buscan justicia bajo las reglas y principios existentes, también creen firmemente que hay una necesidad crítica de una reforma legislativa de las leyes existentes en Canadá, para hacer que en estas situaciones sea más clara, efectiva y consistente con nuestros valores humanos y ecológicos comunes, la rendición de cuentas de las corporaciones.
KLIPPENSTEINS
Barristers and Solicitors, Toronto, Ontario, Canadá
Abogados de Marcia Ramírez, Israel Pérez y Polibio Pérez
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1 Este principio legal histórico se vuelve a enunciar en 2003 en un caso de la Corte Suprema de Canadá de Odhavji Estate vs. Woodhouse, [2003] 2 S.C.R. 263 en el párrafo 45.
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